Brasil: Solo la Revuelta puede Derribar a Bolsonaro
Antes de las elecciones de 2022, Brasil está repitiendo el mismo enfrentamiento dramático que Estados Unidos vivió en 2020. A medida que la pandemia se intensifica junto con los escándalos de corrupción y el saqueo desenfrenado de tierras indígenas, el gobierno de Jair Bolsonaro se enfrenta a la presión de las calles y el ala izquierda del estado. Pero ¿qué se necesita para derrocarlo y romper con los patrones que lo llevaron al poder?
Los paralelismos entre Brasil y Estados Unidos son profundos. Ambos son estados coloniales fundados en la esclavitud. Estados Unidos ha completado en gran medida su fase fronteriza, mientras que Brasil continúa ampliando las actividades de explotación de los territorios indígenas. En ambos casos, el estado se ha convertido en un campo de batalla entre la extrema derecha, representada por Donald Trump y Bolsonaro, y una tecnocracia centrista que busca hacer la transición a una forma de capitalismo un poco más “sostenible” e “inclusivo”. En términos globales, se trata de modelos que compiten entre sí sobre cómo preservar el capitalismo frente al cambio climático y la crisis económica mundial—violencia descarada versus acciones como el “Green New Deal”. Aunque Trump fracasó, por poco, en mantenerse en el poder en 2020, es muy posible que la lucha en Brasil tenga un resultado diferente, sentando un precedente para la expansión del fascismo en el siglo XXI.
Por supuesto, ninguno de estos modelos muestra una salida a la actual pesadilla de explotación y violencia policial. Si queremos tener alguna esperanza de mejorar el mundo, tenemos que construir movimientos sociales fuera de la lógica de la reacción y la reforma. Sin los cuatro años de intensas luchas de base durante el mandato de Trump, este probablemente habría tenido éxito en aferrarse al poder de una forma u otra— y si esas luchas no continúan bajo el de Biden y quienquiera que suceda a Bolsonaro, lxs políticxs de extrema derecha podrán, una vez más, presentarse como la única alternativa al statu quo.
En el siguiente informe, lxs anarquistas brasileñxs enmarcan el enfoque genocida del gobierno frente a la COVID-19 en el contexto de un legado del gobierno militar, exploran la última ola de protestas combativas y muestran cómo la izquierda institucional funciona como la primera línea de defensa para preservar el orden existente. Defienden que las condiciones a las que se enfrentan sólo pueden cambiarse, fundamentalmente, mediante la organización autónoma y la revuelta.
Una versión anterior de este texto en portugués apareció aquí.
Antifascistas en Belo Horizonte bloquean la calle frente a una barricada en llamas.
Crisis Duales, Falsas Esperanzas
Brasil se enfrenta a una situación desesperada. Sin un plan federal para vacunar a la población, el número de muertxs por COVID-19—que ya es el promedio más alto del mundo con más de 1.000 por día—continúa creciendo.
La gente de todo el país vuelve a tomar las calles para enfrentarse a un gobierno más peligroso que el virus. Además de exacerbar la pandemia, el gobierno federal y el Congreso están facilitando ataques a las poblaciones indígenas, amenazando la continuidad de su existencia en sus tierras y entregando lo que queda de los bosques a la minería y la agroindustria.
Al mismo tiempo, la oposición dentro del Senado está liderando una Comisión de Investigación del Congreso (CPI) que busca probar que la negligencia del gobierno federal fue diseñada intencionadamente para propagar el COVID-19, con un impacto particularmente mortal en los pueblos pobres, negros e indígenas. La investigación ha encontrado evidencias que lo confirman, junto con escándalos de corrupción en la compra de vacunas.
En este contexto, muchas personas han renovado su esperanza de que las instituciones existentes castiguen a lxs responsables de más de medio millón de muertes. Sin embargo, quienes eligen protestar en las calles, se enfrentan a sindicatos y partidos de centro izquierda que buscan canalizar la revuelta únicamente para mejorar sus perspectivas para las próximas elecciones. Con nuestros seres queridos muriendo, no tiene sentido esperar a veredictos o elecciones.
La administración de Bolsonaro y el movimiento populista reaccionario a su alrededor han duplicado las respuestas genocidas y ecocidas a las crisis actuales. La izquierda institucional y los sectores “moderados” de los movimientos sociales están minando, de manera activa, las iniciativas de base al intentar dictar qué formas de lucha son legítimas y al cooperar con el estado para promover sus propios objetivos políticos. Frente a esta doble amenaza, la única salida es a través de la organización autónoma y la revuelta, como lo demuestran los focos de resistencia indígena, negra, anarquista y no afiliada.
Las Instituciones Están Funcionando—Ese es el Problema
La democracia se presenta normalmente como la antítesis de la dictadura y el fascismo. Sin embargo, como hemos visto en España, Grecia, Chile y otros lugares, estas dos formas de gobernanza a menudo pasan sin problemas de una a otra de acuerdo con las necesidades de quienes gobiernan. Las pesquisas de la Investigación del Congreso pueden ofrecer esperanza a algunxs, pero no podemos permitirnos el lujo de depender de este tipo de rituales democráticos que, en última instancia, existen para otorgar una falsa legitimidad a un sistema destructivo. Especialmente en las Américas, donde la violencia fundacional de la esclavitud negra y el genocidio indígena continúan en todos los países, debemos enfrentarnos a los problemas en su raíz.
Copiando la estrategia de Donald Trump, Bolsonaro y sus milicias prometen impugnar el resultado de las elecciones de 2022 si el sistema electrónico no es reemplazado por papeletas impresas. Ha designado a más de 6.000 militares de alto rango en activo, muchxs de ellxs generales, para altos cargos del gobierno civil —más que en la dictadura de 1964-1985— y ha comprado el apoyo de la Policía Militar con prestigio, inmunidad por delitos cometidos en cumplimiento del deber, y créditos inmobiliarios. Actualmente está llevando a cabo una campaña para armar a sus partidarixs, que ya ha duplicado el número de armas en circulación en Brasil. Bandas enfurecidas de hombres blancos le ayudan a construir una imagen de apoyo popular y a amenazar a la oposición.
Hay importantes paralelismos aquí con la situación política en Estados Unidos antes de las elecciones de 2020. Durante las investigaciones que comenzaron en 2017 y el primer proceso de destitución de Trump a partir de diciembre de 2019, parte de la población estadounidense esperó para ver si las instituciones cumplían su promesa de castigar al presidente Trump. Las protestas que se habían producido contra la administración desde su toma de posesión amainaron mientras la gente esperaba para ver si las autoridades solucionaban el problema. Solo después de que la policía asesinara a George Floyd en mayo de 2020, las calles se convirtieron nuevamente en el principal escenario de la acción de la gente.
Destacadas figuras del Partido Demócrata y medios de comunicación liberales como el New York Times acusaron a los elementos insurgentes de la rebelión de George Floyd de asustar a la población, ofreciendo la imagen perfecta de un “enemigo interno” para que Trump la utilizara para presentarse como una solución al caos político y la crisis sanitaria. Sin embargo, resultó que una parte significativa de la población se identificó con las protestas militantes realizadas contra la violencia policial y el racismo y, como resultado, la popularidad de Trump se desplomó.
No fueron las instituciones democráticas, sino el coraje de la gente que se enfrentaba a la policía y a las milicias supremacistas blancas en las calles, lo que aisló a Trump y minó su viabilidad política, triunfando donde todas las investigaciones y los juicios políticos habían fracasado. Si lxs pocxs que no tuvieron más remedio que actuar en las calles hubieran tenido que luchar solxs, la extrema derecha podría haber ganado aún más impulso al ocupar las calles junto a la policía. Juntxs, la policía y las milicias habrían ganado más legitimidad y control de la situación, ayudando a Trump a dominar el debate público antes de las elecciones.
Para entender a Trump y Bolsonaro en la política de nuestro tiempo, debemos comprender que no representan la muerte de la democracia. Más bien, ponen en primer plano los elementos que los gobiernos democráticos siempre han compartido con los regímenes fascistas: policía y prisiones, racismo y patriarcado, genocidio. Ganar el voto popular y acumular suficiente apoyo en el parlamento para actuar con impunidad ha sido suficiente para permitirles llevar a cabo sus planes autoritarios. Esto es explícito en Brasil, donde lxs militares no se enfrentaron a consecuencias por las persecuciones, arrestos, torturas, desapariciones y asesinatos perpetrados durante la última dictadura.1 Bolsonaro es solo el representante actual de este proyecto, el “partido militar” que controla la República desde su fundación en 1889.
“El Partido Militar Brasileño”— con subtítulos.
Mucho antes de convertirse en presidente, Bolsonaro representaba un proyecto violento que amenazaba la libertad y la vida de lxs pobres y excluidxs—pero no podíamos imaginar las dimensiones que esto alcanzaría durante la pandemia. Con el 2,7% de la población mundial, Brasil ya representa el 13% de las muertes por COVID-19 a nivel mundial. Los pueblos indígenas se enfrentan no solo a la pandemia, sino también a los incendios en la Amazonia y el Pantanal, así como al avance de la agroindustria, la minería ilegal y la tala no regulada. Lxs legisladorxs están decididxs a entregar las reservas indígenas a los latifundios y proyectos extractivos en nombre del crecimiento del PIB.
Hasta la fecha, este plan de exterminio ha costado más de medio millón de vidas, bajo el pretexto de “salvar la economía” han hacinado a las personas en los centros de trabajo, escuelas y el abarrotado transporte público para que se contagien de COVID-19. Esta no es una teoría de conspiración radical sobre un plan secreto para propagar el virus. Un estudio de miles de leyes federales y estatales, realizado por Conectas Human Rights y la Universidad de São Paulo, concluyó que el gobierno de Bolsonaro había permitido conscientemente la propagación de la pandemia. Las investigaciones del CPI también incluyeron testimonios que muestran cómo se podrían haber evitado al menos 400.000 muertes si las personas hubieran adoptado medidas básicas de prevención.
Al mismo tiempo, los estudios que atestiguan el impacto desproporcionado del COVID-19 en las poblaciones negras e indígenas se han enfrentado a la censura institucional, mientras que lxs funcionarixs públicxs, que intentaron poner en práctica recomendaciones de salud que han funcionado en todo el mundo, han sufrido represalias. Bolsonaro apoyó una campaña para boicotear las vacunas, promovió medicamentos ineficaces y, más recientemente, retrasó deliberadamente la compra de vacunas para comprarlas más caras a través de paraísos fiscales.
Durante el CPI, el senador Alessandro Vieira comparó la búsqueda de lxs responsables de las muertes en la pandemia con el juicio de Adolf Eichmann, el funcionario nazi responsable de la logística de los campos de concentración de Hitler. Otrxs hablaron de la ciudad de Manaos durante la crisis de oxígeno en el estado de Amazonas, cuando cientos de personas con COVID-19 severo se asfixiaron en hospitales sin recibir atención, lxs muertxs fueron enterradxs en fosas comunes y, en palabras del senador Otto Alencar, la ciudad se utilizó como un “campo de pruebas” para el tratamiento masivo con medicamentos ineficaces como la cloroquina.
La investigación en el Senado ha llamado la atención de quienes no quieren simplemente “esperar a las elecciones de 2022”—esperan ansiosxs los resultados, así como millones en Estados Unidos esperaron en vano a que Trump fuera condenado. Pero el proyecto colonial brasileño está más vivo que nunca: el mismo Congreso que investiga al gobierno de Bolsonaro no hace nada para detener las leyes que allanan el camino para la destrucción de biomas y pueblos.
El Levantamiento es Para la Tierra
Desde principios de junio de 2021, indígenas de al menos 25 grupos étnicos se han reunido en Brasilia para protestar contra un proyecto de ley conocido como PL 490, que entrega sus territorios a la explotación económica depredadora, debilita los derechos territoriales de lxs indígenas y fomenta la asimilación de los pueblos indígenas que han optado por vivir aislados de lxs blancxs y las sociedades urbanas. Para hacer valer el derecho a sus tierras, los pueblos indígenas deberán demostrar su condición de propiedad hasta el día en que se aprobó la Constitución Federal de 1988, al final de la dictadura. Este ataque a los pueblos indígenas es uno de los peores de la administración Bolsonaro, pero fue redactado en 2007 y avanzó considerablemente bajo el mandato del Partido de los Trabajadores. Es un paso hacia el “punto de no retorno” de la devastación en la Amazonia, el bosque tropical más grande del mundo, que sufrió la mayor deforestación de la década en 2020 y de la que es posible que nunca se recupere por completo.
“El levantamiento es para la Tierra”—con subtítulos
El 8 de junio, 800 indígenas se reunieron para presionar a la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) de la Cámara de Representantes, que podría aprobar o rechazar la PL490. En la puerta de la FUNAI (la Fundación Nacional Indígena, el organismo del gobierno brasileño que establece e implementa políticas relacionadas con los pueblos indígenas), la policía atacó a lxs manifestantes, mientras se reunían y cantaban canciones tradicionales, con balas de goma y otras municiones menos letales.
El 22 de julio, día de la votación de la ley, la policía volvió a atacar a lxs manifestantes frente a la Cámara de Diputados, estxs dispararon flechas y golpearon a dos policías. El enfrentamiento postpuso la votación para el 23 de julio, cuando fue aprobada por la mayoría de lxs legisladorxs. Los campamentos en Brasilia persisten; en el momento de escribir este artículo, constan de casi 2.000 indígenas de 52 grupos étnicos.
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La policía ataca a grupos indígenas frente a la Cámara.
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El jefe Kretã Kaingang hizo un collar con botes de gas lacrimógeno disparados contra lxs indígenas en Brasilia el 22 de julio.
Lxs indígenas que han permanecido en sus territorios han organizado acciones de solidaridad junto con otros movimientos autónomos para apoyar y hacerse eco de la lucha en Brasilia. El 25 de junio, lxs guaraníes de la Tierra Indígena Jaraguá utilizaron neumáticos y quemaron barricadas para bloquear carreteras en São Paulo. El 28 de junio, Guajajaras, Puris y Xoklengs bloquearon una avenida en Río de Janeiro. El pueblo Pataxó en el sur de Bahía bloqueó la carretera BR101 el 22 de julio al son de los cánticos de “Cantemos, bailemos el catimbó, para traer de vuelta a Bolsonaro atado en enredaderas”.
Se espera más resistencia en agosto, cuando PL / 490 se enfrente a los tribunales. Estas iniciativas indígenas demuestran que las acciones combativas y la solidaridad entre diversos pueblos y movimientos son fundamentales para la lucha contra un estado genocida.
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“Bahia terra de côco e azeite de dendê A água do côco é doce, eu também quero beber. Vamos cantar, dançar o catimbó, pra trazer o bolsonaro amarrado no cipó”. - “Cantemos, bailemos el catimbó, para traer a Bolsonaro atado en enredaderas”
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La mañana del lunes 28 de junio, indígenas bloquearon la Avenida Presidente Castelo Branco para protestar contra el proyecto de ley 490.
Criminalizando la Lucha
Si bien el sistema de justicia penal es opresivo bajo cualquier gobierno, la represión dirigida contra oponentes ideológicos se ha intensificado considerablemente durante el mandato de Bolsonaro. El 18 de marzo, en Brasilia, la Policía Federal arrestó al militante del PT (Partido de los Trabajadores, Partido dos Trabalhadores) Rodrigo Pilha por portar una pancarta en la que se podía leer “Bolsonaro Genocida”. Pilha estuvo detenido durante más de 100 días hasta que comenzó una huelga de hambre en protesta por su aislamiento, tortura y continuo encarcelamiento incluso después de tener derecho a ser trasladado a una instalación semiabierta. Él y otrxs cuatro acusadxs están siendo procesadxs bajo la Ley de Seguridad Nacional, un remanente legal de la era de la dictadura. Asimismo, durante las protestas del 3 de julio en São Paulo, Matheus Machado fue arrestado arbitrariamente y encarcelado durante diez días, acusado de robar un casco de policía que encontró en el suelo. Machado está libre bajo severas medidas legales. Ambos fueron liberados solo después de que se ejerciera una intensa presión pública.
Estos dispositivos legales para atacar a lxs manifestantes no son herramientas nuevas. Dilma Roussef y la administración del Partido de los Trabajadores los utilizaron en 2013. Sin embargo, la persecución policial avanza y se avecinan leyes más duras, como un proyecto de ley inspirado en la Ley Patriota redactada por el propio Bolsonaro en 2016 cuando aún era congresista.
Bloqueo de un viaducto en Belo Horizonte, 3 de julio de 2021.
Otra ley en proceso, la PL272, atacaría directamente a los movimientos sociales criminalizando las huelgas y protestas al introducir puntos inicialmente vetados en la Ley Antiterrorista firmada, justo antes de su caída en 2016, por Dilma Roussef y su gobierno del Partido de los Trabajadores.
Al igual que Trump utilizó los privilegios ejecutivos, que se ampliaron enormemente con Obama, un gobierno de derechas vuelve a aprovecharse de las herramientas legislativas y administrativas de represión aprobadas por administraciones anteriores situadas más a la izquierda. En este caso, la intención del presidente de llevar a cabo un golpe de Estado es obvia y es muy anterior a su elección. Si sabe que no habrá resistencia, esto se convertirá virtualmente en una invitación a seguir adelante. Como él mismo afirmó, son lxs militares lxs que “deciden si el pueblo vivirá en democracia o en dictadura”. Mientras que lxs líderes militares, antes de la administración Dilma, generalmente se abstuvieron de comentar sobre política y afirmaron estar “totalmente comprometidxs con la democracia”, hoy publican de forma rutinaria declaraciones que se suman a las amenazas de Bolsonaro. El jefe de la Fuerza Aérea reaccionó a las investigaciones del CPI sobre la corrupción del personal militar diciendo que “un hombre armado no amenaza”—lo que en sí mismo es una amenaza.
La administración de Bolsonaro tiene una conocida afición por las alusiones positivas sobre lxs nazis. El 22 de julio, Bolsonaro recibió con orgullo a Beatrix von Storch, del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD). Storch, nieta del ministro de finanzas de Hitler, Lutz Graf von Krosigk, ya ha afirmado estar a favor de “disparar a lxs refugiadxs”. Representa a un partido ultranacionalista, neofascista y en parte neonazi. Cuando es necesario, Bolsonaro y su familia se acercan más a Israel y al fundamentalismo religioso, pero cuando es conveniente, hace guiños a la retórica antisemita y neonazi.
twitter.com/eixopolitico/status/1419624144950468613
Bolsonaro recibió a Beatrix von Storch del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) el 22 de julio.
En este contexto, la organización populista pro Bolsonaro, que incluye mítines, caravanas y paseos en motocicleta, junto con fuerzas policiales militarizadas y el control militar de la mayor parte del poder ejecutivo, representan una ofensiva autoritaria que se extiende desde la calle hasta la cima del aparato de seguridad y el gobierno. La actual manipulación de la policía militar, que antes estaba controlada a nivel estatal, y el precedente de un golpe de Estado orquestado por la policía en Bolivia en 2019, hacen de un nuevo golpe brasileño una amenaza muy real.
Sería un terrible error no tomar las calles como lo ha hecho la gente de norte a sur, con la esperanza de derrotar a Bolsonaro y sus seguidorxs en las elecciones de 2022 o con una condena a través del CPI. Recuerda, Trump nunca se enfrentó a las consecuencias de sus crímenes desde dentro de las instituciones, y solo perdió las elecciones en un contexto de revuelta generalizada. No podemos confiar en el parlamento que aprueba los proyectos de la administración de Bolsonaro o en las mismas élites políticas y económicas que abrieron las puertas a su militarismo. Incluso si logramos restaurar la política democrática liberal de esa manera, eso no eliminaría el fascismo—solo regresaría al cuartel del que será reclutado nuevamente la próxima vez que sea útil a lxs poderosxs.
Las Rebeliones de Junio y Julio
Desde el 29 de mayo hasta junio y julio de 2021, movimientos sociales y sindicatos convocaron manifestaciones en todo el país contra el gobierno de Jair Bolsonaro. Estas protestas llevaron a decenas de miles de personas a las calles en las principales capitales. Muchas personas asistieron con los nombres y fotos de sus seres queridos perdidos por la pandemia. En muchas ciudades, los bloques autónomos que engloban a anarquistas, indígenas, aficionadxs del fútbol y antifascistas tomaron la iniciativa. Algunas de las protestas fueron combativas, con barricadas, bloqueos, grafitis y ataques a las propiedades de lxs ricxs.
Al mismo tiempo, los partidos de centro izquierda continúan difundiendo la peligrosa idea de que las elecciones de 2022 ofrecen la única forma de deshacerse de Bolsonaro y su gobierno. Lula (Luiz Inácio Lula da Silva, ex presidente de Brasil) se convirtió en candidato después de que se retiraran los cargos en su contra por falta de pruebas; es uno de lxs favoritxs en las encuestas.
Un bloque autónomo en São Paulo, 3 de julio.
Después de que, el 29 de mayo en Recife, la policía atacara brutalmente con gases lacrimógenos y balas de goma una manifestación pacífica, y los enfrentamientos en São Paulo marcaran las protestas del 19 de junio, estas organizaciones pidieron una nueva acción para el 24 de julio—más de un mes después. Sin embargo, los escándalos de corrupción, con la implicación de altos cargos del gobierno comprando vacunas sobrevaloradas, confirió a este llamamiento un carácter de urgencia, y las manifestaciones se trasladaron a principios de julio. Capitalizando las renovadas esperanzas de que las instituciones saldrían al paso de las crisis creadas por Bolsonaro, las federaciones sindicales, los partidos y los movimientos organizados por el centro-izquierda intentaron monopolizar el control de las decisiones sobre cuándo y cómo tendrían lugar las manifestaciones
Muchxs criticaron el intento de postponer las manifestaciones para atemperar el impulso de lxs participantes por temor a que pudiera comprometer su programa electoral. Cuando los comités centrales de los sindicatos y los partidos políticos deciden que todxs deben esperar más de un mes para la próxima manifestación en protesta por los cientos de miles de muertes evitables, y luego cambian de decisión de manera oportunista, cuando surge un escándalo de corrupción, revelan su compromiso con el mismo legalismo que permitió a la extrema derecha tomar el poder. Los asesinatos en masa son parte de nuestra vida diaria, están diciendo—pero la corrupción, ¡eso sí que es inaceptable!
Si queremos defendernos de tales gobernantes, tenemos que hacerlo nosotrxs mismxs. Incluso si solo logramos medias victorias, como un juicio político o la derrota electoral de Bolsonaro, eso difícilmente sucederá sin las calles en llamas. Debemos enfrentarnos a las tendencias legalistas y centralizadoras dentro de nuestros propios movimientos y abandonar cualquier deseo de gobernar la revuelta. Cuando alguien intenta centralizar la influencia sobre el movimiento, dividiendo a quienes actúan en las calles entre participantes legítimxs e ilegítimxs, el siguiente paso es siempre la represión policial.
twitter.com/RedeInfoA/status/1411434924645752837
De la Centralización a la Policía de Paz
Muchos movimientos sociales en Brasil afirman estar inspirados por las luchas recientes en Colombia, Estados Unidos y Chile, incluso si solo extraen aspectos específicos fuera de contexto—como la nueva constitución chilena o la lucha del pueblo colombiano para detener la reforma fiscal de Iván Duque. Pero la fuerza social que hemos visto en esas luchas solo es posible porque una masa crítica de lxs participantes respeta la diversidad de acciones en las calles y dentro de cada tipo de organización.
Al igual que lxs militantes del Partido de los Trabajadores en sus delirios sobre el levantamiento de 2013 en Brasil, o lxs demócratas en Estados Unidos en 2020, la izquierda reformista en Brasil está sembrando la paranoia de que el reciente conflicto social es obra de “infiltradxs”. El agitador externo es el perenne personaje mítico invocado por quienes nunca han participado en una protesta callejera, que temen más a la revuelta que a la policía. Además de rechazar la narrativa que culpa a lxs que se rebelan por la represión, también debemos desafiar la idea de que, si queremos estar a salvo de la pandemia, entonces, en lugar de protestar, debemos quedarnos en casa—después de habernos hacinado en el trabajo y en el transporte público, ¡bajo el reinado de un gobierno que busca acabar con nosotrxs!
El 19 de junio, en São Paulo, cuando miembrxs del MTST (Movimiento de Trabajadores Sin Hogar) agredieron físicamente a un bloque autónomo que incluía a indígenas, sindicatos, individuxs, y colectivos anarquistas, vimos lo que sucede cuando no nos enfrentamos a las tendencias de centralización en movimientos sociales que promueven el electoralismo. Lxs integrantes del MTST intentaron romper las barricadas de la avenida y denunciar a las personas a la policía, repitiendo los errores de 2014 cuando desenmascararon violentamente a participantes de un black bloc y lxs entregaron a la policía.
Movimientos negros, indígenas y anarquistas condenaron este episodio. El MTST es uno de los movimientos más grandes del país y no es justo juzgar a todxs lxs participantes, muchxs de lxs cuales también son indígenas y negrxs. El problema aquí es estructural. Incidentes similares se repitieron en las protestas del 13 de julio en Río de Janeiro, cuando miembrxs de un partido estalinista intentaron tomar el frente de la marcha expulsando al bloque autónomo constituido por indígenas y anarquistas, y nuevamente el 24 de julio, cuando miembrxs del PCB (el Partido Comunista Brasileño) hizo una cadena humana para expulsar y agredir a un grupo de personas transgénero y sin techo de la okupa Casa Nem.
twitter.com/cmi_saopaulo/status/1411441806298996740
Nunca debemos aceptar a quienes criminalizan a lxs manifestantes o buscan disputar su legitimidad citando leyes y repitiendo como loros los argumentos de la policía. Peor aún es colaborar activamente con la policía, como ocurrió en São Paulo días antes de la manifestación del 24 de julio, cuando representantes del PCB, la Unión Nacional de Estudiantes (UNE), el Partido de la Causa de los Trabajadores (PCO) y el brasileño Partido Socialdemócrata (PSDB) se reunieron con la policía para acordar qué pasaría en la protesta, cuándo y dónde, quién sería una parte legítima de la manifestación y a quién debería tener como objetivo la policía.
Las actas de esa reunión se publicaron online, dejando al descubierto el proceso de criminalización de anarquistas y movimientos autónomos. Los movimientos y partidos acordaron utilizar multas para castigar a manifestantes con ideologías contrarias que ocuparan la misma zona u organizaran acciones simultáneas. Por supuesto, esto impediría a lxs antifascistas organizar manifestaciones contra lxs fascistas, ofreciendo a la extrema derecha vía libre para atacar a las personas oprimidas. Con la firma de este acuerdo, el PCB, el PCO y el PSDB se volvieron ideológicamente equivalentes al repudiar la acción directa y los actos “violentos” que atribuyen a lxs infiltradxs. También se convirtieron en cómplices de cualquier represión policial posterior.
Estos intentos de sofocar las organizaciones autónomas, indígenas y anarquistas en las calles muestran los peligros de las prácticas y métodos jerárquicos. Si las personas que actúan de manera autónoma para expresar su rabia por la pérdida de lxs muertxs y la miseria de lxs vivxs no solo molestan a la policía, sino también a quienes marchan a nuestro lado, entonces los movimientos probablemente sofocarán cualquier rebelión mucho antes que la propia policía. La opción de atacar a lxs compañerxs manifestantes, así como el silencio total por parte de la dirección de los grupos que perpetraron los ataques, deja al descubierto el autoritarismo de los segmentos de la izquierda que solo aceptan la revuelta cuando pueden controlarla. Tomar las calles para ejercer presión real no es una prioridad cuando solo buscan crear una imagen de revuelta dirigida hacia la única forma de transformación social que consideran legítima: las urnas.
twitter.com/rede_genocidio/status/1406732177191079938
Nota de rechazo de la Rede de Proteção e Resistência ao Genocídio (Red de Protección y Resistencia al Genocidio) a la acción del MTST.
La Paz No Puede Protegernos
Históricamente, los movimientos de extrema derecha como el Integralismo (un antiguo movimiento fascista brasileño) no se detuvieron por medio de votaciones o denuncias, sino mediante la acción directa. Esto lo podemos ver en el episodio de 1934 que se conoció como la “Batalla de la Praça da Sé”, cuando anarquistas, socialistas y comunistas disolvieron una concentración integralista en el centro de São Paulo, robaron una ametralladora policial y dispersaron violentamente a lxs fascistas, enterrando su movimiento durante décadas.
Belo Horizonte: bloqueo el 24 de julio.
En 2020, lxs manifestantes en Brasil se dieron cuenta de que la acción directa era necesaria y lxs aficionadxs del fútbol antifascistas hicieron llamamientos a bloquear las caravanas y mítines de derechas, denunciando luego el racismo y la violencia policial. El movimiento ganó impulso e inspiración a partir de las protestas de George Floyd en Estados Unidos. Muchas organizaciones y figuras públicas dijeron que no se unirían a las manifestaciones y recomendaron que la gente se quedara en casa, alegando que las manifestaciones “ofrecerían al gobierno de Bolsonaro el pretexto para una represión aún mayor” o incluso “un golpe de Estado” (o un “autogolpe”). Como vimos durante los levantamientos en Estados Unidos, esta narrativa es reaccionaria, imponiendo deliberadamente la debilidad a los movimientos sociales, ya que coloca la responsabilidad de la represión en lxs oprimidxs.
Es estúpido imaginar que la pasividad apaciguará a lxs autoritarixs en lugar de envalentonarlxs. La sumisión no es una estrategia eficaz contra déspotas como Bolsonaro o Trump.
Los movimientos en EE. UU., Colombia y Chile han arrojado luz sobre cómo podemos avanzar rompiendo la apariencia de la tranquilidad social, generalizando la rebelión y la organización en diferentes sectores sociales y evitando la gestión y el confinamiento por parte de grupos jerárquicos de izquierda. Por supuesto, no deberíamos conformarnos con concesiones. Una nueva constitución en Chile o una reforma policial en EE. UU. solo podrían dificultar la búsqueda de un cambio social significativo a largo plazo. Aun así, es obvio que no lograremos ni siquiera una victoria parcial, como la caída inmediata de Bolsonaro, si las fuerzas que buscan pacificar y criminalizar la revuelta ganan terreno dentro de nuestros movimientos.
Estamos segurxs de que no todas las personas que participan en un levantamiento popular masivo serán parte de una organización formal, ni deberían serlo. No todas las formas de acción son previstas y planificadas por los movimientos sociales. En lugar de cuestionar la “organización” o la “legitimidad” de quienes actúan, debemos preguntarnos cómo apoyarlxs, cómo ofrecer herramientas para que la revuelta se vuelva más peligrosa, cómo podemos ayudar a construir alternativas duraderas.
En cuanto a los peligros de las acciones combativas en las calles, recordamos que el 29 de mayo la policía de Recife no necesitó pretexto alguno para atacar una protesta pacífica y cegar a dos personas que ni siquiera participaban. Si un bloque organizado hubiera estado presente para proteger a lxs manifestantes con escudos, manteniendo a la policía antidisturbios a distancia por medios combativos, como lo han hecho las primeras líneas en Chile y Hong Kong, la presencia de personas mayores, familias y personas con movilidad reducida no habría servido de pretexto para promover el pacifismo y ser golpeado por la policía. Según el “reloj revolucionario” de quienes buscan la centralización, el control y la pacificación, nunca es el momento adecuado para levantar barricadas y contraatacar. Pero cuando el fascismo está floreciendo, apoderándose tanto de las calles como de las instituciones, esto es una señal de que nuestro reloj se está atrasando y de que hace tiempo que se necesitan formas de acción más feroces.
Desmantelar el fascismo implica desbaratar su organización de base, bloquear sus marchas y mítines para que no puedan ocupar las calles para reclutar más miembrxs y neutralizar sus estrategias para difundir su ideología. Las acciones de junio y julio muestran que miles de personas están dispuestas a tomar las calles e imponer consecuencias a lxs ricxs y poderosxs. Los pueblos indígenas se han estado organizando contra el gobierno más destructivo al que se han enfrentado en décadas; muestran voluntad de construir alianzas populares y radicales.
Como resultado del diálogo entre luchas sociales en la ciudad, el campo y tierras indígenas, el 24 de julio, día de la última gran protesta nacional contra Bolsonaro ese mes, la gente prendió fuego a una estatua del pionero Borba Gato, símbolo de la riqueza construida sobre el exterminio indígena y la esclavitud negra. En una acción promovida por el colectivo Revolução Periférica, la gente rodeó la estatua de 42 pies con neumáticos en llamas. Algunxs activistas acusadxs de participar en el grupo fueron arrestadxs unos días después, entre ellxs Paulo Galo, miembro de Entregadores Antifascistas (una organización informal de repartidorxs antifascistas) y su esposa Géssica Barbosa. Barbosa fue liberada el 30 de julio, pero Galo sigue encarcelado ilegalmente.
twitter.com/crimethinc/status/1419138055877931011
Cuando okupamos las calles en masa, aprendiendo de nuestros errores y aciertos, compartiendo herramientas de resistencia y autodefensa, avanzamos más hacia nuestras metas revolucionarias que cuando contamos con líderes y burócratas para hacer el trabajo por nosotrxs. Ahora, ante las crisis que continúan agravándose, algunxs de la izquierda retrocederían y cederían a la ilusión de que este gobierno asesino puede corregirse a través de sus propios mecanismos institucionales. Lo contrario es la verdad. Debemos luchar aún más duro, de manera más inteligente y creativa por el nuevo mundo que llevamos en nuestros corazones.
Seamos lxs que construyamos las barricadas en las calles para enfrentarnos al fascismo, no las manos pacificadoras que las derriban.
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La primera condena penal de un oficial de la dictadura se produjo en 2021, 36 años después del fin del régimen, cuando un jefe de la Policía Civil fue condenado a dos años por secuestro y encarcelamiento en una instalación “semiabierta” (básicamente un centro de rehabilitación sin vallas ni guardias). ↩